TEMA VOLVER USUARIO

Ley V.p.o. De 21 De Noviembre 2.005
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  • A CONTINUACION ADJUNTO PARTE DE ESTA LEY CON UN ENLACE.

    EN MI OPINION ESTA LEY ES INJUSTA EN LA FORMA QUE SE HA IMPUESTO, MILES DE FAMILIAS ESTAN AFECTADAS CON CARACTER RETROACTIVO.

    BOJA núm. 227
    Sevilla, 21 de noviembre 2005
    Página núm. 5
    1. Disposiciones generales
    PRESIDENCIA
    LEY 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
    para la Vivienda Protegida y el Suelo.
    EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
    LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
    Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
    nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
    titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
    publicación de la siguiente
    «LEY DE MEDIDAS PARA LA VIVIENDA PROTEGIDA Y EL SUELO
    EXPOSICION DE MOTIVOS
    1
    Uno de los principales fines de la Ley 7/2002, de 17
    de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, es
    hacer efectivo el mandato constitucional contenido en el ar-
    tículo 47 de la Constitución, en orden a garantizar el acceso
    a una vivienda digna. Para ello, desde el entendimiento del
    urbanismo como una función pública, se avanzó en los meca-
    nismos de intervención pública en el mercado del suelo,
    mediante la regulación de diversos instrumentos a fin de faci-
    litar la disponibilidad de suelo para las políticas públicas de
    vivienda y de agilizar los procesos de transformación del suelo.
    Entre estos mecanismos, la Ley de Ordenación Urbanística
    de Andalucía recoge no sólo la necesidad de que los Planes
    de Ordenación Urbanística de todos los municipios contengan
    las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para vivien-
    das de protección oficial u otros regímenes de protección públi-
    ca, exigiendo para los municipios de relevancia territorial una
    reserva de, al menos, el treinta por ciento del aprovechamiento
    objetivo en suelo residencial, sino que, con el objetivo de dotar
    a las Administraciones de suelo para desarrollar las políticas
    urbanísticas públicas, regula, entre las finalidades de los Patri-
    monios Públicos de Suelo, la de garantizar una oferta suficiente
    con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial
    u otros regímenes de protección pública, y fija en el máximo
    permitido por la legislación estatal la participación de la comu-
    nidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística,
    mediante la cesión de suelo correspondiente al diez por ciento
    del aprovechamiento ya urbanizado.
    Asimismo, la vigente normativa, integrada tanto por el
    Decreto 149/2003, de 10 de junio, que aprueba el Plan Anda-
    luz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y regula las actuaciones
    contenidas en el mismo, modificado por el Decreto 463/2004,
    de 27 de julio, como por el Real Decreto 1/2002, de 11
    de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones pro-
    tegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005,
    y creación de nuevas líneas de actuaciones protegidas para
    fomentar el arrendamiento de viviendas, modificado por el
    Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio, ha venido a incidir
    positivamente en orden a facilitar el acceso a una vivienda
    digna.
    2
    No obstante, para reforzar y ampliar este esfuerzo de las
    Administraciones, y en el ejercicio de las competencias que
    el artículo 13.8 del Estatuto de Autonomía atribuye a esta
    Comunidad Autónoma en materia de ordenación del territorio,
    urbanismo y vivienda, se ha considerado necesaria la apro-
    bación del presente texto legal de medidas para la vivienda
    protegida y el suelo, con el objetivo principal de vincular la
    construcción de vivienda protegida y la promoción de suelo
    enfocando ésta, fundamentalmente, a aumentar la oferta de
    la primera.
    Para que dicha intervención pública en el mercado de
    suelo logre alcanzar su finalidad fundamental, que no es otra
    que regular, en defensa del interés general, los precios del
    suelo en el mercado, se considera como uno de los objetivos
    principales de esta Ley el necesario perfeccionamiento, mejora
    y fortalecimiento de los instrumentos anteriormente mencio-
    nados. De este modo, en ejercicio de la competencia urba-
    nística, se procede a modificar y completar determinados
    aspectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
    con la finalidad de garantizar una oferta de suelo suficiente
    con destino a la promoción de viviendas protegidas, no sólo
    en los municipios de relevancia territorial sino en todos los
    municipios andaluces.
    Se aborda por primera vez en la Comunidad Autónoma,
    con rango de Ley, el régimen jurídico de la vivienda protegida
    con el fin de reforzar la acción pública para garantizar su
    función social. En este sentido, se establecen los mecanismos
    de calificación de la vivienda protegida, recogiendo con el nue-
    vo rango la adjudicación de estas viviendas, en la que la selec-
    ción de las personas adquirentes o arrendatarias deberá rea-
    lizarse, con carácter general, bajo los principios de igualdad,
    publicidad y concurrencia. Se establecen las condiciones para
    la titularidad de la propiedad de manera que la duración del
    régimen de protección se establecerá reglamentariamente para
    cada figura o programa de vivienda protegida, a la vez que
    los precios máximos de venta y renta quedan establecidos
    de forma reglamentaria y deberán servir de referencia para
    determinar el valor del suelo destinado a vivienda protegida.
    Otro aspecto importante del conjunto de medidas con-
    sideradas en la Ley viene referido a la facultad de disponer
    de la vivienda protegida, con dos intervenciones importantes.
    De una parte, se establece el derecho de adquisición preferente
    de la Comunidad Autónoma sobre las viviendas protegidas
    de promoción privada, incluso aquéllas que, tras el corres-
    pondiente procedimiento de adjudicación, queden vacantes.
    De otra parte, las segundas o posteriores ventas estarán sujetas
    al derecho de tanteo y retracto por la Comunidad Autónoma.
    Debe destacarse que la Ley contempla una serie de medi-
    das enfocadas a reforzar el cumplimiento de la función social
    de la vivienda protegida, regulando con carácter inmediato
    una tipificación de infracciones y sus correspondientes san-
    ciones que serán complementadas y ampliadas en la futura
    Ley de Calidad en la Vivienda en Andalucía, en fase de
    elaboración.
    La Ley contempla, igualmente, la creación de las Juntas
    Arbitrales en materia de vivienda como órganos especializados
    para la resolución de conflictos en relación con los contratos
    de arrendamientos y de otros celebrados en materia de vivien-
    da. De esta forma se pretende contar con un mecanismo ágil
    que evite la ralentización de los procesos judiciales.
    3
    La Ley se estructura en un Título Preliminar y dos Títulos,
    que integran veintinueve artículos, cinco disposiciones adi-
    cionales, una disposición transitoria, una derogatoria y cuatro
    finales.
    El Título Preliminar, que consta de un único artículo, esta-
    blece como objeto y finalidad de la Ley la definición del régimen
    jurídico de determinadas actuaciones en materia de vivienda
    protegida y suelo y el establecimiento de medidas específicas
    para la producción de suelo, con destino a vivienda protegida
    y otros fines de interés social y para el control y prevención
    del fraude.
    Sevilla, 21 de noviembre 2005
    El Título I de la presente Ley, bajo la rúbrica de "Viviendas
    protegidas", consta de veintidós artículos distribuidos en tres
    capítulos.
    El Capítulo I regula el régimen jurídico de las viviendas
    protegidas. Define el concepto de las mismas y quienes pueden
    ser las personas titulares y destinatarias de ellas, fijando que
    el destino de las viviendas es constituir el domicilio habitual
    y permanente de dichas personas. Asimismo establece pro-
    hibiciones y limitaciones a la facultad de disponer de las vivien-
    das protegidas y la sujeción, durante todo el período de pro-
    tección, a limitaciones en el precio de venta y renta de las
    mismas.
    En el Capítulo II se regulan los derechos y las prerrogativas
    de la Administración en materia de vivienda protegida. Entre
    estas prerrogativas se regulan el derecho de adquisición pre-
    ferente sobre las viviendas protegidas de promoción privada
    por la Administración de la Junta de Andalucía, o bien el
    Ayuntamiento o la entidad pública que sean designados por
    ella; los derechos de tanteo y retracto a favor de la Admi-
    nistración de la Junta de Andalucía; la expropiación forzosa
    para los casos de incumplimiento de la función social de las
    viviendas protegidas, y las causas que motivan el desahucio
    administrativo y el procedimiento para ejercitar el mismo.
    El Capítulo III, en cumplimiento del principio de reserva
    de Ley, tipifica determinadas conductas como infracciones al
    régimen de viviendas protegidas, graduándose en graves y
    muy graves y fijando las correspondientes sanciones y medidas
    complementarias.
    El Título II de la presente Ley, bajo la rúbrica "Medidas
    en materia de suelo", consta de siete artículos, en cada uno
    de los cuales figuran los aspectos de la Ley de Ordenación
    Urbanística de Andalucía que son completados o modificados
    para la consecución de los objetivos establecidos.
    Así, en el artículo 23 se modifican diversos preceptos
    a fin de fomentar la disposición de suelo para la construcción
    de vivienda protegida. En particular, se extiende a todos los
    municipios la obligación de reservar al menos el treinta por
    ciento de la edificabilidad residencial de cada área o sector
    con uso residencial para su destino a viviendas de protección
    oficial u otros regímenes de protección pública. Con esta nueva
    regulación se pretende obtener una doble consecuencia: de
    una parte, que la reserva suficiente de viviendas sujetas a
    algún régimen de protección pública venga objetivada en fun-
    ción de los nuevos aprovechamientos residenciales que se
    prevean en cada municipio, con independencia de que sea
    o no de relevancia territorial, y, de otra, clarificar los cálculos
    previstos en la norma y así facilitar su aplicación en la gestión
    urbanística. De igual manera, se acota la posibilidad de que
    el Plan General de Ordenación Urbanística pueda excepcionar
    esta obligación, si bien con la necesidad de compensarlo en
    el resto de áreas y sectores, de forma que se asegure una
    distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad de este
    tipo de viviendas, a fin de favorecer la cohesión social y evitar
    la segregación territorial de los ciudadanos por razón de su
    nivel de vida.
    Asimismo, se recoge la obligación de localizar concre-
    tamente en cada área y sector las reservas de terrenos para
    viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
    pública, en el instrumento de planeamiento que contenga la
    ordenación detallada. En todo caso, como mecanismo nece-
    sario para asegurar la efectiva materialización de las reservas
    para la construcción de viviendas de protección pública, se
    prevé la necesidad de que la ordenación detallada de las áreas
    o sectores que contengan reservas de terrenos con este destino
    recoja los plazos de inicio y terminación de dichas viviendas,
    cuyo incumplimiento puede dar lugar a la expropiación de
    los terrenos por parte de la Administración.
    Por último, para reforzar la seguridad jurídica de los agen-
    tes públicos y privados se establece que necesariamente sean
    el Plan General de Ordenación Urbanística o, en su caso,
    el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sectorización
    los que recojan los coeficientes correctores, al objeto de com-
    pensar a quienes tengan la propiedad de suelos destinados
    a viviendas de protección oficial u otros regímenes de pro-
    tección pública.
    Las modificaciones que se contienen en el artículo 24
    tienen por objeto reforzar las medidas previstas en la Ley de
    Ordenación Urbanística de Andalucía para garantizar la rever-
    sión a la colectividad de las plusvalías derivadas de la actividad
    urbanística e incrementar los medios de intervención directa
    de las Administraciones Públicas en el mercado del suelo.
    A fin de dotar de mecanismos a la Administración para
    mejorar la política de vivienda, se prevé expresamente la posi-
    bilidad de que mediante convenio urbanístico se acuerde la
    sustitución de los terrenos que hayan de ser cedidos en con-
    cepto de participación de la comunidad en las plusvalías gene-
    radas por la actividad urbanística, por otros terrenos situados
    en distintos ámbitos del suelo urbano o urbanizable que sean
    aptos para la construcción de viviendas protegidas.
    De otro lado, se amplía a la Administración instrumental
    la posibilidad de ser titulares de los Patrimonios Públicos de
    Suelo, introduciéndose, a su vez, una serie de medidas que
    por la vía del control y la fiscalización vienen a garantizar
    la correcta utilización de éstos, haciendo responsables de ello
    a órganos concretos de las Administraciones Públicas titulares
    de los mismos.
    De igual forma, para la efectiva intervención de las Admi-
    nistraciones Públicas en el mercado de suelo, la Ley introduce
    diversos mecanismos a fin de agilizar los procedimientos de
    incorporación al proceso urbanizador de los suelos previstos
    por el Plan General de Ordenación Urbanística para su desarro-
    llo urbano, que son objeto de reserva para los Patrimonios
    Públicos de Suelo, incluso posibilitando en estos casos que
    la Comunidad Autónoma sea Administración actuante. En esta
    misma posición se coloca a la Comunidad Autónoma respecto
    a la gestión de los suelos integrantes de reservas para el Patri-
    monio Autonómico de Suelo sobre suelo no urbanizable cuyo
    destino sea contribuir a la conservación de las características
    del mismo o cumplir determinadas funciones estratégicas de
    ordenación o vertebración territorial.
    Con el objetivo general de facilitar y garantizar la efectiva
    ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanístico,
    el artículo 26 de esta Ley recoge una serie de medidas ten-
    dentes a agilizar dicha ejecución, por medio de la iniciativa
    privada y mediante la habilitación de mecanismos de ejecución
    directa de organismos o entidades públicas.
    En el artículo 27, mediante la incorporación de una nueva
    disposición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
    y la modificación de su artículo 42, se aclara el concepto
    "uso turístico" y se delimita claramente de los usos residen-
    ciales. Se garantiza con ello que la ciudadanía cuente con
    infraestructuras, dotaciones y servicios adecuados y propor-
    cionados al efectivo uso que se hace del suelo.
    Por su parte, en el artículo 28 se modifican diversos pre-
    ceptos que pretenden completar y mejorar la Ley de Ordenación
    Urbanística de Andalucía en aquellos aspectos relativos a la
    protección de la legalidad urbanística, la aclaración de supues-
    tos de vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico y la
    incidencia en la regulación del procedimiento para la adopción
    de las órdenes de suspensión de obras y el procedimiento
    de reposición de la realidad física alterada, ya que, en su
    aplicación práctica, se ha puesto de relieve la necesidad de
    su reforma y aclaración.
    Asimismo, hay que destacar en este artículo 28 el nuevo
    apartado 4 que se introduce en el artículo 31 de la Ley de
    Ordenación Urbanística de Andalucía. En él se posibilita que,
    ante el grave incumplimiento por parte de algún municipio
    en el ejercicio de competencias urbanísticas, se atribuya el
    ejercicio de las competencias de planeamiento a la Consejería
    competente en materia de ordenación del territorio y urba-
    nismo, siempre que dicho grave incumplimiento afecte de for-
    ma manifiesta las competencias de la Comunidad Autónoma
    sobre estas materias. Este grave incumplimiento supone la
    desaparición de la función pública del urbanismo, con vul-

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    neración del mandato constitucional exigido por el artículo 47
    de la Constitución Española y generando incluso alarma social,
    y situaciones excepcionales que pudieran ser calificadas como
    "de descontrol urbanístico". Así, dichas situaciones afectan
    tanto a intereses urbanísticos supramunicipales (a la orde-
    nación proyectada en los terrenos clasificados como suelo no
    urbanizable de especial protección, a parques, jardines, espa-
    cios libres o demás reservas para dotaciones...), como a la
    ordenación territorial que para esos ámbitos municipales se
    pretenda establecer por la Administración autonómica, en el
    ejercicio de las competencias que se atribuyen en el artícu-
    lo 13.8 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Dicha asun-
    ción de competencias deberá ser acordada por el Consejo de
    Gobierno, previa apreciación del mismo por el Parlamento de
    Andalucía mediante informe favorable.
    Igualmente, es necesario, para evitar que este instrumento
    excepcional quede sin efecto, que el Acuerdo del Consejo de
    Gobierno se pronuncie sobre la suspensión de la facultad de
    los municipios para la firma de los convenios urbanísticos
    que en materia de planeamiento se prevén en el artículo 30
    de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y la atri-
    buya, sólo para la consecución del fin propuesto, a la Admi-
    nistración autonómica.
    Finalmente, en el artículo 29, se añade una nueva dis-
    posición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, que
    aclara el momento en el que habrá de pronunciarse el órgano
    competente en materia de ordenación de territorio en los
    supuestos previstos en la disposición adicional segunda de
    la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio
    de Andalucía.
    En las disposiciones adicionales se establece la titularidad
    del Patrimonio Autonómico de Suelo, se reunifican los con-
    ceptos de vivienda protegida con los de vivienda de protección
    oficial u otros regímenes de protección pública y se permite
    la aplicación del vigente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
    en diversos aspectos cuya regulación difiere la presente Ley
    al desarrollo reglamentario.
    Asimismo, en la disposición adicional quinta se crea el
    Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo
    y Vivienda, en el seno de la Función Pública andaluza. Siendo
    la Administración de la Junta de Andalucía la que ha de garan-
    tizar la ordenación territorial y urbanística de Andalucía, así
    como velar por el cumplimiento de la normativa en materia
    de vivienda y su ejecución, ha de dotarse de los medios e
    instrumentos necesarios para conseguir dicha finalidad, y ante
    la complejidad técnico-jurídica de unas disciplinas como éstas,
    y la extensión geográfica sobre la que se proyecta, se considera
    imprescindible la creación de este Cuerpo de funcionarios,
    que se integra en el Grupo A, conforme a lo dispuesto en
    la disposición adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de
    noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
    de Andalucía.
    Se introduce una disposición transitoria única referida a
    la reserva de terrenos con destino a las viviendas protegidas,
    con independencia de la situación en que se encuentre la
    adaptación del planeamiento a la Ley de Ordenación Urba-
    nística de Andalucía.
    Por último, en sus disposiciones finales, la Ley efectúa
    algunas modificaciones legislativas que tienen por objeto armo-
    nizar determinados aspectos de la ordenación urbanística con
    lo regulado en otros cuerpos normativos.
    En este sentido se modifica la letra b) del artículo 33
    de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
    y Administrativas, en el que se determina el objeto de la Empre-
    sa Pública del Suelo de Andalucía y, con objeto de establecer
    mecanismos de conexión entre la legislación urbanística y la
    legislación que regula la implantación de grandes estableci-
    mientos comerciales, se modifican algunos aspectos de los
    artículos 36 y 37 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
    Comercio Interior de Andalucía. Se consigue con ello que en
    el proceso de la autorización para la implantación de un gran
    establecimiento comercial, las Administraciones públicas com-
    petentes conozcan no sólo la incidencia territorial de la loca-
    lización, sino la aptitud urbanística de los terrenos en los que
    se pretende dicha ubicación. Así mismo, para mejorar los
    mecanismos de colaboración entre las distintas administra-
    ciones y organismos, se incorpora una disposición adicional
    a la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
    Andalucía, por la que se hace participar a los órganos com-
    petentes en materia de comercio en la tramitación del pla-
    neamiento, de forma que puedan manifestarse sobre la loca-
    lización que el Plan General prevé para los grandes estable-
    cimientos comerciales.
    TITULO PRELIMINAR
    CAPITULO UNICO
    Disposición general
    Artículo 1. Objeto y finalidad.
    La presente Ley define el régimen jurídico de determinadas
    actuaciones públicas en materia de vivienda protegida y suelo
    con la finalidad de facilitar el acceso de las vecinas y los
    vecinos de Andalucía a una vivienda digna y adecuada, de
    acuerdo con el artículo 47 de la Constitución, estableciendo
    medidas específicas para la producción de suelo con destino
    a vivienda protegida y otros fines de interés social, y para
    el control y prevención del fraude en materia de vivienda pro-
    tegida y suelo.
    TITULO I
    VIVIENDAS PROTEGIDAS
    CAPITULO I
    Régimen jurídico
    Artículo 2. Concepto.
    1. Se entiende por vivienda protegida, a efectos de la
    presente Ley, la que cumpla las condiciones de uso, destino,
    calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie
    y diseño, establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones
    que resulten de aplicación y sean calificadas como tales por
    la Consejería competente en materia de vivienda.
    2. También tendrán esta consideración los alojamientos
    que, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente, sean
    calificados como protegidos por la Consejería competente en
    materia de vivienda, que se integren en conjuntos que cons-
    tituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la
    residencia colectiva, en los términos en que se establezca.
    La cesión de estas viviendas, que pueden vincularse con dota-
    ciones y servicios comunes, podrá realizarse de manera inde-
    pendiente entre ellas.
    Artículo 3. Sujetos destinatarios de las viviendas pro-
    tegidas.
    1. Las viviendas protegidas se destinarán a familias con
    recursos económicos limitados que reúnan los requisitos que,
    tanto para la composición de la unidad familiar como para
    la cuantía y determinación de los ingresos familiares, se esta-
    blezcan en los diferentes programas que integran los planes
    de vivienda y suelo.
    2. En los citados programas se atenderán de manera espe-
    cial las necesidades habitacionales de los grupos sociales con
    especiales dificultades para el acceso a la vivienda, como,
    entre otros, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víc-
    timas del terrorismo, familias monoparentales, los procedentes
    de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas
    de la violencia de género y emigrantes retornados.
    3. La selección de las personas a las que van destinadas
    las viviendas protegidas se realizará respetando los principios
    de igualdad, publicidad y concurrencia, de acuerdo con las
    normas de desarrollo de la presente Ley.
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    4. Se exceptúan de la exigencia del apartado anterior las
    promociones en las que por su naturaleza no pueda existir
    concurrencia, como aquellas adjudicaciones que se deriven
    de programas específicos de integración social, en los términos
    que se determinen reglamentariamente.
    Artículo 4. Destino y titularidad.
    1. Las viviendas protegidas se destinarán a residencia
    habitual y permanente.
    2. No podrán adquirir o promover para uso propio una
    vivienda protegida quienes sean titulares del pleno dominio
    de alguna otra vivienda protegida o libre o estén en posesión
    de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute
    vitalicio.
    3. No obstante, por razones de movilidad laboral y con
    el fin de atender situaciones transitorias, podrán establecerse
    reglamentariamente excepciones a lo dispuesto en el apartado
    anterior.
    Artículo 5. Duración del régimen de protección.
    1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas,
    sean para venta, uso propio o arrendamiento, se determinará
    para cada programa en el correspondiente plan de vivienda
    y suelo, o, en todo caso, por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
    2. En los citados programas se podrá prever la reducción
    motivada del plazo fijado inicialmente para determinados
    supuestos o promociones específicas.
    Artículo 6. Precio máximo de venta o alquiler de la vivienda
    protegida.
    1. Durante el período legal de protección, cualquier acto
    de disposición, arrendamiento o adquisición de las viviendas
    protegidas estará sujeto a un precio o renta máximos que
    serán fijados para cada ámbito territorial en los correspon-
    dientes planes de vivienda y suelo.
    2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobrepre-
    cio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer
    a quien compre o sea arrendatario de una vivienda protegida,
    sin que pueda justificarse la misma por mejoras u obras com-
    plementarias al proyecto aprobado.
    3. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que pro-
    cedan, serán nulas las cláusulas o estipulaciones que esta-
    blezcan precios superiores a los máximos autorizados en la
    normativa aplicable, debiendo entenderse tales estipulaciones
    hechas al precio o renta máximos legales que resulten de
    aplicación.
    Artículo 7. Valor del suelo destinado a vivienda protegida.
    1. El valor de los terrenos destinados a la construcción
    de viviendas protegidas, sumado el coste de las obras de urba-
    nización necesarias, no podrá exceder del quince por ciento
    del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de
    venta del metro cuadrado por la superficie de las referidas
    viviendas, en la forma y con las determinaciones que se esta-
    blezcan reglamentariamente.
    2. Queda prohibida la percepción de cualquier sobrepre-
    cio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer
    por la adquisición de suelos destinados a la construcción de
    viviendas protegidas, de acuerdo con lo establecido en el apar-
    tado anterior.
    Artículo 8. Condición resolutoria.
    Todo contrato o acto de disposición sobre suelos des-
    tinados a la promoción de viviendas protegidas estará sujeto
    a condición resolutoria para el caso de que se incumpla tal
    destino, debiendo constar tal determinación en los documentos
    que a tal efecto se suscriban y en el Registro de la Propiedad.
    Artículo 9. Acceso registral de las prohibiciones y limi-
    taciones a la facultad de disponer.
    Las prohibiciones y las limitaciones a la facultad de dis-
    poner que resulten de la calificación como vivienda protegida
    de acuerdo con la normativa aplicable deberán constar en
    la correspondiente escritura pública y tendrán reflejo en el
    Registro de la Propiedad en el respectivo asiento registral.
    Artículo 10. Obligación de las personas promotoras y de
    las compañías suministradoras de servicios.
    1. Las personas públicas o privadas promotoras de vivien-
    das protegidas están obligadas a comunicar al Ayuntamiento,
    al solicitar la correspondiente licencia de ocupación, el carácter
    de viviendas protegidas de la promoción.
    2. Las compañías suministradoras de los servicios de
    agua, gas, electricidad y telecomunicaciones deberán comu-
    nicar a la Consejería competente en materia de vivienda los
    cambios de titularidad que se realicen en los contratos para
    el suministro de tales servicios en las viviendas protegidas.
    CAPITULO II
    Derechos y prerrogativas de la Administración
    Artículo 11. Derecho de adquisición preferente.
    1. La Administración de la Junta de Andalucía o, en su
    caso, el Ayuntamiento o la entidad pública que sean desig-
    nados por aquélla, podrán ejercer el derecho de adquisición
    preferente sobre las viviendas protegidas de promoción privada.
    2. El derecho de adquisición preferente podrá ejercitarse
    a partir de la solicitud de calificación provisional en la forma
    y plazo que se determinen en las normas de desarrollo de
    la presente Ley, debiendo en todo caso ejercitarse en un plazo
    máximo de 120 días.
    3. Este derecho se aplicará también a aquellas viviendas
    que, cumplido el correspondiente procedimiento para su adju-
    dicación, quedaran vacantes.
    4. El derecho de adquisición preferente se ejercerá por
    un precio máximo igual al vigente para las viviendas protegidas
    de la tipología de que se trate en el correspondiente ámbito
    territorial en la fecha en que se pretenda la enajenación.
    5. El derecho de adquisición preferente supondrá la subro-
    gación de la Administración o de la entidad pública que lo
    ejercite, en la posición del promotor, adjudicando las viviendas
    conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
    Artículo 12. Derechos de tanteo y retracto.
    1. Las segundas o posteriores transmisiones inter vivos
    de la titularidad del derecho de propiedad o de cualquier otro
    derecho real de uso y disfrute sobre las viviendas protegidas
    estarán sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal en
    favor de la Administración de la Junta de Andalucía, o del
    Ayuntamiento o entidad pública que sean designados por
    aquélla.
    Los compradores de viviendas protegidas no podrán trans-
    mitirlas inter vivos ni ceder su uso por ningún título, durante
    el plazo mínimo de diez años desde la fecha de formalización
    de la adquisición.
    2. Sin perjuicio de la autorización que requiera la trans-
    misión del derecho sobre la vivienda protegida, los/las titulares
    de viviendas protegidas comunicarán al órgano competente
    previsto en el apartado anterior la decisión de trasmitir, e indi-
    carán el precio, la forma de pago y las demás condiciones
    de la transmisión.
    Al mismo tiempo, la persona interesada en la adquisición
    deberá comunicar al citado órgano competente sus datos e
    ingresos económicos anuales, así como los del resto de los
    miembros integrantes de su unidad familiar.
    El derecho de tanteo habrá de ejercitarse en el plazo de
    sesenta días naturales a partir del siguiente a aquél en que
    se haya producido la última de las comunicaciones anteriores;
    si transcurrido ese plazo no se hubiera ejercitado el tanteo,
    podrá llevarse a efecto la transmisión comunicada en sus mis-
    mos términos.
    3. La persona adquirente deberá comunicar a dicho órga-
    no competente, en el plazo de los treinta días naturales siguien-
    tes a la transmisión, las condiciones en las que se ha producido
    la venta, así como una copia de la escritura o documento
    donde la venta se haya formalizado.
    4. En el caso de que quienes transmitan o adquieran
    no hubieran realizado las comunicaciones a las que se refiere
    el apartado 2, de que las comunicaciones fueran incompletas
    o defectuosas, o de que la transmisión se haya producido
    antes del transcurso del plazo señalado para el ejercicio del
    derecho de tanteo, o en condiciones distintas a las anunciadas,
    el órgano competente podrá ejercer el derecho de retracto en
    el plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente
    a la comunicación de la transmisión, o de que ésta hubiere
    llegado a su conocimiento, fehacientemente, por cualquier otro
    medio.
    5. Los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen
    de comunicaciones a los que se refiere el presente artículo,
    deberán constar expresamente en la correspondiente escritura
    pública y tendrán su reflejo en la respectiva inscripción
    registral.
    6. El derecho de tanteo se ejercerá hasta por un precio
    máximo igual al vigente para las viviendas protegidas de la
    tipología de que se trate en el correspondiente ámbito territorial
    en la fecha en que se pretenda la enajenación.
    El derecho de retracto se ejercerá por el precio de trans-
    misión, que no podrá superar el máximo vigente para las vivien-
    das protegidas a que se refiere el párrafo anterior.
    7. La fijación de tanteos y retractos convencionales en
    las promociones de viviendas protegidas deberá respetar el
    ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legal a los que
    se refiere este artículo.
    8. En el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto,
    sus titulares podrán designar a quién se adjudica la vivienda
    protegida, que se subrogará en la posición de aquellos.
    La selección de dicha persona adjudicataria se realizará
    en la forma prevista en el artículo 3.
    Artículo 13. Elevación a escritura pública, inscripción en
    el Registro de la Propiedad y otras garantías.
    1. Las Notarias y los Notarios, para elevar a escritura
    pública la transmisión de la titularidad o, en su caso, de los
    derechos reales de uso y disfrute vitalicio de viviendas pro-
    tegidas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, exigirán
    que se acrediten por las respectivas personas transmitentes
    y adquirentes las comunicaciones al órgano competente res-
    pecto de la oferta de venta con los requisitos señalados en
    el apartado 2 del artículo 12, así como el vencimiento del
    plazo establecido para el ejercicio del derecho de tanteo, cir-
    cunstancias que deberán testimoniarse en las correspondientes
    escrituras.
    2. Igualmente deberán comunicar a la Consejería com-
    petente en materia de vivienda la transmisión, mediante remi-
    sión por el procedimiento que se determine de copia simple
    de la escritura pública en la que se hubiera instrumentado
    la venta de una vivienda protegida.
    3. Para inscribir en el Registro de la Propiedad las trans-
    misiones efectuadas sobre las viviendas protegidas, deberá
    acreditarse el cumplimiento de las obligaciones contempladas
    en el artículo 12 y en el apartado 2 del presente artículo,
    con los requisitos exigidos en los mismos.
    4. Serán nulas de pleno derecho las transmisiones en
    las que las partes no hayan efectuado, en la forma y plazos
    previstos, las comunicaciones previstas en el artículo 12 en
    relación con los derechos de tanteo y retracto.
    Artículo 14. Expropiación de viviendas protegidas.
    1. Con independencia de las sanciones que procedan,
    existirá causa de utilidad pública o interés social, a efectos
    de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función
    social de la propiedad de las viviendas protegidas, cuando
    se dé alguna de las siguientes circunstancias:
    a) Dedicar la vivienda a usos no autorizados, o alterar
    el régimen de uso de la misma, establecido en el documento
    de calificación definitiva.
    b) No destinar la vivienda a domicilio habitual y per-
    manente o mantenerla deshabitada por un plazo superior a
    tres meses, fuera de los casos establecidos en las normas
    de aplicación.
    c) Utilizar los/las adquirentes otra vivienda construida con
    financiación pública u objeto de actuación protegida fuera de
    los casos establecidos en las normas de aplicación.
    d) Incurrir los/las adquirentes en falsedad de cualquier
    hecho que fuese determinante de la adjudicación en las decla-
    raciones y documentación exigidas para el acceso a la vivienda.
    e) Incumplir las obligaciones, condiciones y requisitos
    establecidos para la enajenación en primera o posteriores trans-
    misiones u otros actos de disposición.
    2. El justiprecio de la vivienda será determinado por la
    Consejería competente en materia de vivienda en base al precio
    en que fue adquirida, del cual se descontarán las cantidades
    aplazadas no satisfechas por quienes fueron adjudicatarios/as,
    con los intereses devengados, en su caso, así como las sub-
    venciones y demás cantidades entregadas a la persona adqui-
    rente como ayudas económicas directas. La cifra resultante
    se corregirá teniendo en cuenta los criterios de valoración para
    las segundas transmisiones de viviendas protegidas previstos
    en sus normas específicas.
    3. Podrá ser beneficiaria de las expropiaciones la entidad
    pública que designe la Consejería competente en materia de
    vivienda.
    Artículo 15. Desahucio administrativo.
    1. Procederá el desahucio administrativo contra las per-
    sonas beneficiarias, arrendatarias u ocupantes de las viviendas
    protegidas, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones
    complementarias, que sean de titularidad pública por las cau-
    sas que se establecen en el apartado siguiente.
    2. Serán causas de desahucio administrativo las siguientes:
    a) La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato
    de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada
    la persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad,
    así como de las cantidades que sean exigibles por servicios,
    gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legis-
    lación vigente.
    b) Haber sido sancionado mediante resolución firme por
    infracción grave o muy grave de las tipificadas en la presente
    Ley. c) No destinar la vivienda a domicilio habitual y perma-
    nente sin haber obtenido la preceptiva autorización admi-
    nistrativa.
    d) La cesión total o parcial de la vivienda, local o edi-
    ficación bajo cualquier título.
    e) Destinar la vivienda, local o edificación complementaria
    a un uso indebido o no autorizado.
    f) Ocupar una vivienda o sus zonas comunes, locales
    o edificación complementaria sin título legal para ello.
    Artículo 16. Procedimiento de desahucio administrativo.
    1. El procedimiento para el ejercicio del desahucio admi-
    nistrativo se ajustará a lo dispuesto por la normativa de pro-
    cedimiento administrativo que resulte de aplicación, sin per-
    juicio de las especialidades previstas en este artículo.
    2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa pre-
    vista en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, se
    requerirá a la persona arrendataria o adjudicataria para que
    abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole,
    si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre
    la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo
    se multiplicará por el número de veces que dichas personas
    haya dado lugar a iniciar el procedimiento de desahucio.
    Expirado dicho plazo sin que se hubiere abonado en su
    totalidad la cantidad adeudada, se dictará resolución de desa-
    hucio, que se notificará concediendo un nuevo plazo de quince
    días para que haga efectivo el pago y el recargo aplicable,
    con apercibimiento de que, en caso contrario, deberá entregar
    las llaves de la vivienda, y de que, de no hacerlo, se procederá
    a su lanzamiento de la misma, así como de cuantas personas,
    mobiliario o enseres hubieren en ella.
    Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en
    el supuesto de que se hayan dictado tres resoluciones de desa-
    hucio por falta de pago contra una misma persona adjudicataria
    en un período de tres años consecutivos. En tal caso, en la
    tercera resolución que se dicte no se permitirá la enervación
    del desahucio mediante el pago de la deuda contraída, debien-
    do ejecutarse el mismo en todo caso.
    3. Cuando el desahucio se fundamente en el resto de
    causas previstas en el apartado 2 del artículo 15 de la presente
    Ley, se notificará a la persona interesada la causa en la que
    se encuentra incurso y se le concederá un plazo de quince
    días para que formule alegaciones, presente la documentación
    que estime oportuna y proponga cuantas pruebas considere
    pertinentes.
    A la vista de las actuaciones y previa audiencia por un
    plazo de quince días, el instructor elevará la correspondiente
    propuesta de resolución.
    En las resoluciones que acuerden el desahucio, se con-
    cederá un plazo de quince días para que la persona arren-
    dataria o adjudicataria entregue las llaves de la vivienda, aper-
    cibiéndole que, en caso contrario, se procederá a su lanza-
    miento de la misma, así como de cuantas personas, mobiliario
    o enseres hubieren en ella.
    4. Si fuese necesario entrar en el domicilio del sujeto
    afectado, la Administración Pública deberá obtener la precep-
    tiva autorización judicial.
    5. No podrá iniciarse procedimiento de desahucio o se
    suspenderá el que estuviere en curso, en tanto no se resuelva
    la solicitud de subrogación formulada por personas que for-
    maran parte de la unidad familiar.
    6. Cuando el desahucio se fundamente en la causa pre-
    vista en el artículo 15.2, letra c), el órgano competente para
    resolver podrá acordar el precinto cautelar de la vivienda al
    objeto de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
    recaer.
    CAPITULO III
    Infracciones y sanciones
    Sección primera
    Disposición general
    Artículo 17. Sujetos responsables.
    1. Serán sancionados por los hechos constitutivos de las
    infracciones administrativas a que se refiere el presente Capí-
    tulo las personas físicas y jurídicas que resulten responsables
    de los mismos, aun a título de simple inobservancia.
    2. Si la infracción se imputa a una persona jurídica, pue-
    den ser considerados también como responsables las personas
    que integren sus organismos rectores o de dirección, en el
    caso de que así se establezca en las disposiciones reguladoras
    del régimen jurídico de cada forma de personificación.
    3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas
    por las disposiciones legales en las materias a que se refiere
    la presente Ley corresponda a varias personas físicas y/o jurí-
    dicas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las
    infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones
    que se impongan.
    Sección segunda
    Infracciones
    Artículo 18. Infracciones.
    En relación con la finalidad de la presente Ley, sin perjuicio
    del régimen sancionador que con carácter general resulte de
    aplicación a las viviendas protegidas, tendrán la consideración
    de infracciones graves y muy graves las acciones u omisiones
    tipificadas y sancionadas como tales en el presente Capítulo.
    Artículo 19. Infracciones graves.
    Tendrán la consideración de infracciones graves las
    siguientes:
    a) El incumplimiento, por quienes promuevan o tengan
    las viviendas en propiedad, de la obligación de hacer constar
    en la escritura pública las prohibiciones y limitaciones a la
    facultad de disponer resultantes de actuaciones protegidas.
    b) El suministro por las compañías de agua, gas, elec-
    tricidad y telecomunicaciones a usuarios de viviendas sin la
    previa presentación de la cédula de calificación o declaración
    definitiva de viviendas protegidas o declaradas protegidas por
    la Administración.
    c) La falta de comunicación por parte de las compañías
    suministradoras del cambio de titularidad en los contratos de
    suministros a la Administración competente.
    d) No exponer, cuando legalmente proceda, en sitio visible
    durante el período de construcción, el cartel, según modelo
    oficial, indicativo de que la construcción está acogida al régi-
    men de viviendas protegidas.
    e) En la publicidad para la venta o arrendamiento de
    viviendas protegidas, la vulneración de los principios de vera-
    cidad y de objetividad y la inducción a confusión, conforme
    a la normativa vigente en materia de publicidad y concurrencia
    que resulte de aplicación.
    f) La falta de ocupación de la vivienda protegida en los
    plazos reglamentariamente establecidos.
    g) La obstrucción o la negativa a suministrar datos o faci-
    litar las funciones de información, vigilancia o inspección que
    practique la Administración de la Junta de Andalucía.
    h) La falta de comunicación al Ayuntamiento de la con-
    dición de vivienda protegida, por parte de la persona promotora,
    al solicitar la licencia de ocupación.
    Artículo 20. Infracciones muy graves.
    Tendrán la consideración de infracciones muy graves las
    siguientes:
    a) La percepción por la persona promotora de viviendas
    protegidas, durante el período de construcción, de cantidades
    a cuenta del precio sin cumplir los requisitos legales exigidos
    por la normativa de aplicación.
    b) La cesión de la titularidad de la promoción de viviendas
    protegidas, durante la tramitación del expediente de protección,
    sin la obtención previa de la autorización expresa de la Admi-
    nistración competente.
    c) La inexactitud de los documentos o certificaciones que
    resulten fundamentales para obtener la resolución adminis-
    trativa con el reconocimiento de los derechos económicos,
    de protección o habitabilidad solicitados, expedidos por los
    titulares de las promociones o la dirección facultativa de las
    obras de viviendas, así como por quienes actúan como per-
    sonas colaboradoras de la Administración.
    d) La omisión en la publicidad de venta de las viviendas
    protegidas de los requisitos establecidos al efecto en las normas
    de aplicación.
    e) No destinar a domicilio habitual y permanente o man-
    tener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo supe-
    rior a tres meses las viviendas protegidas, y, en todo caso,
    dedicarlas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso
    de las mismas.
    f) La falsedad de cualquier dato que sea determinante
    de la adjudicación, en las declaraciones y documentación exi-
    gidas para el acceso o uso de las viviendas protegidas.
    g) La omisión de la debida presentación a visado por
    la Administración de la Junta de Andalucía de los contratos
    de compraventa y de arrendamiento de viviendas protegidas,
    conforme a la normativa que resulte de aplicación.
    h) El incumplimiento de la normativa de aplicación en
    la selección de las personas adquirentes o adjudicatarias de
    las viviendas protegidas.
    i) La percepción de cualquier sobreprecio, prima o can-
    tidad distinta a la que corresponda satisfacer a la persona
    que compre o arriende una vivienda protegida en concepto
    de precio máximo de venta o de alquiler.
    j) La falsedad en la declaración de solicitud de los requi-
    sitos exigidos para la obtención de financiación protegida en
    la promoción o adquisición de viviendas.
    k) La falta de comunicación a la Administración de la
    enajenación de la vivienda protegida a los efectos de ejercicio
    de los derechos de adquisición preferente, tanteo, retracto u
    otra facultad análoga sobre viviendas protegidas previstas en
    las normas de aplicación.
    l) Que el titular o titulares de una vivienda protegida en
    arrendamiento adquieran una vivienda en el mismo municipio
    y no lo comuniquen a la Administración titular de dicha vivien-
    da protegida.
    Sección tercera
    Sanciones
    Artículo 21. Multas y su graduación.
    1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán
    sancionadas con multas en las siguientes cuantías:
    a) Las infracciones graves, desde 3.001 hasta 30.000
    euros.b) Las infracciones muy graves, con multa desde 30.001
    hasta 120.000 euros.
    2. Si el beneficio que resultara de la comisión de una
    infracción fuera superior al de la multa que corresponde, deberá
    ser ésta incrementada hasta alcanzar la cuantía equivalente
    al doble del beneficio obtenido.
    3. En la graduación de la cuantía de la sanción se tendrá
    especialmente en cuenta el daño producido, el enriquecimiento
    injusto, la existencia de intencionalidad o reiteración y la rein-
    cidencia en el plazo de tres años por la comisión de más
    de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya
    sido declarada por resolución firme en vía administrativa.
    4. Cuando las infracciones afecten a varias viviendas aun-
    que pertenezcan a la misma promoción, podrán imponerse
    tantas sanciones como infracciones se hayan cometido res-
    pecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea indi-
    vidualizada en relación con viviendas concretas.
    Artículo 22. Sanciones accesorias.
    A quienes incurran en infracciones graves o muy graves
    previstas en la presente Ley, se podrán imponer, además,
    las siguientes sanciones accesorias:
    a) La pérdida y devolución con los intereses legales de
    las ayudas económicas percibidas, en caso de infracciones
    al régimen de financiación protegida en la promoción y adqui-
    sición de viviendas.
    b) La inhabilitación de la persona infractora para promover
    o participar en promociones de viviendas protegidas o actua-
    ciones protegidas por la Comunidad Autónoma durante el plazo
    máximo de tres años, para las infracciones graves, o de seis
    años, para las infracciones muy graves.
    c) La pérdida de la condición de Agencia de Fomento
    del Alquiler.
    TITULO II
    MEDIDAS EN MATERIA DE SUELO
    Artículo 23. Disponibilidad de suelo para la vivienda pro-
    tegida y aseguramiento de su ejecución.
    Se modifican los artículos 10, 17, 18, 61 y 160 de la
    Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
    de Andalucía, en los siguientes términos:
    Uno. La letra b) del artículo 10.1.A) queda con la siguiente
    redacción:
    "b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas
    de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento
    de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino
    a viviendas de protección oficial u otros regímenes de pro-
    tección pública. Motivadamente, el Plan General de Ordena-
    ción Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obli-
    gación a sectores o áreas concretos que no se consideren
    aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan
    deberá prever su compensación en el resto de las áreas o
    sectores, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos
    de viviendas en el conjunto de la ciudad."
    Dos. Se suprime el contenido de la letra a) del artículo
    10.1.B).
    Tres. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 17, pasan-
    do el actual apartado 7 de este artículo a ser apartado 8.
    El nuevo apartado 7 queda con la siguiente redacción:
    "7. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que
    contengan la ordenación detallada localizarán en el área y
    sector las reservas de terrenos para viviendas de protección
    oficial u otros regímenes de protección pública que, de con-
    formidad con esta Ley, estuvieren obligados a realizar.
    El cincuenta por ciento de las viviendas que se prevean
    en los suelos donde se localice el diez por ciento de cesión
    del aprovechamiento medio del área de reparto a favor del
    Ayuntamiento habrán de destinarse a los grupos con menor
    índice de renta que se determinen en los correspondientes
    planes y programas de viviendas de protección oficial u otros
    regímenes de protección pública."
    Cuatro. Se añade una nueva letra c) al apartado 3 del
    artículo 18, con la siguiente redacción:
    "c) En las áreas o sectores que contengan reservas de
    terrenos para viviendas de protección oficial u otros regímenes
    de protección pública, el Plan General de Ordenación Urba-
    nística o, en su defecto, el instrumento de planeamiento que
    contenga la ordenación detallada especificará los plazos para
    el inicio y terminación de estas viviendas, plazos que deberán
    contar con informe favorable de la Consejería competente en
    materia de vivienda, que lo ha de emitir en un mes, transcurrido
    el cual se entenderá aprobado el plazo que contenga el ins-
    trumento de planeamiento."
    Cinco. El apartado 4 del artículo 61 queda con la siguiente
    redacción:
    "4. El Plan General de Ordenación Urbanística o, en su
    caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de Sec-
    torización deberán, asimismo, establecer coeficientes correc-
    tores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios
    de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros
    regímenes de protección pública u otros usos de interés social."
    Seis. El apartado 5 del artículo 61 queda con la siguiente
    redacción:
    "5. El instrumento de planeamiento que establezca la
    ordenación detallada precisa para la ejecución en el área urba-
    na o sector correspondiente podrá concretar y, en su caso,
    fijar, respetando los criterios del Plan General de Ordenación
    Urbanística o del Plan de Ordenación Intermunicipal, la pon-
    deración relativa de los usos pormenorizados y tipologías edi-
    ficatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como
    las que reflejen las diferencias de situación y características
    urbanísticas dentro del espacio ordenado.
    No podrá en ningún caso disminuir el aprovechamiento
    objetivo otorgado por el planeamiento general."

    Última edición por Cadizgestion fecha: 17-feb-2006 a las 23:00.
    1. Cadizgestion Cadizgestion está desconectado
  • EN EL SIGUIENTE ENLACE SE PUEDE SEGUIR CON LA LECTURA DE ESTA LEY.

    ESTOY PENDIENTE DE ADJUNTAR EL RESUMEN DE ESTA LEY, REPARTIDA POR LAS NOTARIAS DE CADIZ PARA LAS INMOBILIARIAS, PARA QUE DENTRO DEL CAOS QUE SE FORMO EN EL MOMENTO DE LA APLICACION DE ESTA LEY PUDIERAMOS INFORMAR A LOS CLIENTES QUE SE ACERCABAN DESESPERADOS PARA QUE SE LE INFORMARAN EN NUESTRAS OFICINAS, YA QUE EN LA OFICINA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE CADIZ CAPITAL NO SE ATENDIA, POR MOTIVOS OBVIOS



    http://www.andaluciajunta.es/portal/...616882,00.html

    Última edición por Cadizgestion fecha: 17-feb-2006 a las 23:06.
    1. Informado Informado está desconectado
  • Todavia no la he terminado de leer entera....
    Rectifico en parte... es decir, la parte del periodo minimo para poder venderla, me parece que está muy mal hecha.... aunque supongo que lo de la causa justificada podrá ser mas o menos flexible... pero no me voy a meter ahí.
    El cómo aplicarla para lo ya existente, es otra cosa en la que creo que la estan cagando... hay mucha gente sin culpa que le va a pillar enmedio... hay gente que compró VPOs por encima del valor de tasación y que ahora no pueden venderla por mas de la mitad de lo que pagaron (aunque eso no les hubiese pagado si no hubiesen comprado nada con dinero "B", que conste)
    Lo del derecho de tanteo me parece estupendo... asi ya nadie podra coger dinero en "B"
    El espiritu de ley sin embargo me parece bueno... es decir, si se te da un servicio subvencionado, no se te va a dar la opción de enriquecerte con él.
    Sólo un comentario. Mis comentarios no son politicos... no soy yo quien vaya a defender a Chaves... ojala se le pudiese echar. No quiero que interpretes que lo que hago es proteger a los que han hecho la ley. Yo defiendo que el espiritu de ley es buena, la haga quien la haga.... eso si, que el espiritu sea bueno no quiere decir que no la puedan cagar al hacer la ley concreta.
    1. Cadizgestion Cadizgestion está desconectado
  • Cita de Informado
    Todavia no la he terminado de leer entera....
    Rectifico en parte... es decir, la parte del periodo minimo para poder venderla, me parece que está muy mal hecha.... aunque supongo que lo de la causa justificada podrá ser mas o menos flexible... pero no me voy a meter ahí.
    El cómo aplicarla para lo ya existente, es otra cosa en la que creo que la estan cagando... hay mucha gente sin culpa que le va a pillar enmedio... hay gente que compró VPOs por encima del valor de tasación y que ahora no pueden venderla por mas de la mitad de lo que pagaron (aunque eso no les hubiese pagado si no hubiesen comprado nada con dinero "B", que conste)
    Lo del derecho de tanteo me parece estupendo... asi ya nadie podra coger dinero en "B"
    El espiritu de ley sin embargo me parece bueno... es decir, si se te da un servicio subvencionado, no se te va a dar la opción de enriquecerte con él.
    Sólo un comentario. Mis comentarios no son politicos... no soy yo quien vaya a defender a Chaves... ojala se le pudiese echar. No quiero que interpretes que lo que hago es proteger a los que han hecho la ley. Yo defiendo que el espiritu de ley es buena, la haga quien la haga.... eso si, que el espiritu sea bueno no quiere decir que no la puedan cagar al hacer la ley concreta.

    UNA VEZ INFORMADO Y VERIFICANDO LAS OPINIONES, NO TODO PARECE TAN DESCABELLADO...

    CREO QUE ERES DE SEVILLA Y CADIZ ESTA A UNA 1 HORA, NADA... NOS PONEMOS DE ACUERDO Y TOMAMOS UN CAFE... CREO QUE SERA MUY INTERESANTE...
    1. marc marc está desconectado
  • Cita de Cadizgestion
    UNA VEZ INFORMADO Y VERIFICANDO LAS OPINIONES, NO TODO PARECE TAN DESCABELLADO...

    CREO QUE ERES DE SEVILLA Y CADIZ ESTA A UNA 1 HORA, NADA... NOS PONEMOS DE ACUERDO Y TOMAMOS UN CAFE... CREO QUE SERA MUY INTERESANTE...
    Creo que si. Que no es bueno tener un dialogo tan tenso solo por tener una idea distinta de la ley de las VPO. Vamos que es mi opinión, no tiene por que ser cierta...

    Saludos!!
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